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El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores, Osvaldo Corrales, presentó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados los principales planteamientos del CRUCH, advirtiendo que la iniciativa restringe el acceso a beneficios educacionales sin evidencia de que ello contribuya a prevenir hechos de violencia.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, expuso este miércoles 5 de agosto ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados los planteamientos del Consejo respecto del proyecto de ley que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades (Boletín N° 18.341-25), iniciativa que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional.
Durante su intervención, Corrales explicó que para el CRUCH la seguridad pública constituye un objetivo legítimo que debe ser resguardado por el Estado. Sin embargo, sostuvo que la seguridad y el derecho a la educación no son objetivos contrapuestos, sino complementarios, por lo que las medidas destinadas a prevenir la violencia deben dirigirse a las conductas que se busca sancionar, evitando restricciones desproporcionadas al ejercicio del derecho a la educación.
«Como Consejo de Rectores hemos venido a exponer la posición que hemos consensuado respecto de este proyecto y que, en síntesis, tiene que ver con que no hay ninguna evidencia internacional que diga que limitar el derecho a la educación favorece que se eviten actos vandálicos o incivilidades. Al revés, la evidencia es que la educación ayuda a los procesos de reinserción social. Esa es la posición que como Consejo hemos consensuado», planteó.
El rector añadió que, “también hemos advertido que el proyecto contiene numerosas imprecisiones desde el punto de vista de su técnica legislativa. Por ejemplo, responsabiliza a las universidades de aplicar sanciones, como la pérdida de la gratuidad, en circunstancias que no son las universidades las que entregan ese beneficio, sino el Ministerio de Educación. Es un beneficio centralmente administrado y, por lo tanto, no nos corresponde a nosotros adoptar una medida de ese tipo. Tampoco queda claro qué ocurre con la deuda que eventualmente se genera para un estudiante que pierde la gratuidad. Del mismo modo, el proyecto establece que los académicos inscritos en este registro no podrían acceder a proyectos de investigación, pero no define cuál es el alcance de esa restricción ni sus efectos», detalló el vicepresidente del CRUCH.
En definitiva, “hemos hecho ver que el proyecto de ley contiene algunas imprecisiones y traslada a la universidad responsabilidades que no les corresponden y que la ley las atribuye a otros organismos públicos”, afirmó Corrales.
Observaciones y propuestas del CRUCH
De acuerdo a los planteamientos del CRUCH, de mantenerse las restricciones, estas deben quedar expresamente reguladas por la ley, de manera de asegurar una respuesta proporcional, resguardar la seguridad pública y proteger el derecho a la educación como herramienta de igualdad y reinserción social.
Finalmente, el CRUCH propuso eliminar las disposiciones que restringen el acceso a beneficios educacionales (como gratuidad, becas, subsidios estudiantiles, Tarjeta Nacional) y fondos de investigación por la sola inscripción en el Registro, planteando que las medidas del Estado deben centrarse en sanciones directamente vinculadas con las conductas cometidas.
Texto: Comunicaciones CRUCH
Foto: Prensa Rectoría UV
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