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ANTECEDENTES

Con fecha 16 de febrero de 2011, se publicó la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que modificó la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, incorporando un título IV sobre Participación Ciudadana, el cual consagra y reconoce el derecho de las personas a participar en las políticas, planes, programas y acciones del Estado. Luego el Instructivo Presidencial N° 007 para la Participación Ciudadana, dictado el 06 de Agosto del 2014, entiende la participación ciudadana como un proceso de cooperación, mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones, con metodologías y herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las políticas públicas.

Por ello, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas en su calidad de organismo coordinador de la labor universitaria de la Nación, incorpora la participación ciudadana en su gestión pública basándose en los siguientes fundamentos:

- La Participación Como Derecho: La participación de las personas y organizaciones de la sociedad civil en el ciclo de vida de políticas públicas es un derecho que el Estado debe garantizar y promover.

- Derecho Ciudadano a la Información Pública: Las políticas públicas deben ser conocidas por la sociedad, especialmente por quienes son sus destinatarios, tanto en el acceso a la oferta de los servicios institucionales y garantías de protección social, como en el control y trasparencia de la función pública.

- Fortalecimiento de la Sociedad Civil: Las políticas públicas sectoriales deben incluir iniciativas concretas de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que corresponden a su ámbito programático, teniendo en cuenta criterios de equidad y descentralización.

-La Inclusión: La calidad participativa de las políticas públicas se encuentra comprometida con una sociedad libre de discriminaciones arbitrarias, lo cual requiere de medidas tendientes a un enfoque de derechos para la inclusión ciudadana.