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El Consejo de Rectoras y Rectores ingresó hoy un documento técnico donde sostiene que los instrumentos de financiamiento y la regulación de aranceles no son arbitrarios, sino que responden a mandatos legales y a la función pública de las universidades.
El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) ingresó hoy ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un informe técnico clave para el proceso Rol N° 553-2025. En el documento, el CRUCH defiende la legitimidad de los actuales mecanismos de financiamiento y regulación del sistema de educación superior, los cuales han sido cuestionados por un grupo de siete universidades privadas ante dicho tribunal.
La decisión de participar se originó a partir de una consulta presentada por las universidades Finis Terrae, Mayor, de Las Américas, Santo Tomás, Central, Autónoma de Chile y Bernardo O’Higgins. Estas instituciones alegan que la regulación de aranceles vinculada a la Gratuidad y el Aporte Fiscal Directo (AFD) generarían ventajas estructurales para las universidades del CRUCH, afectando supuestamente la libre competencia.
Frente a esto, el CRUCH fue enfático en señalar que el sistema de educación superior no puede ser analizado como un mercado ordinario de bienes homogéneos. Según se constata en el documento entregado hoy, las universidades cumplen una función social que trasciende la lógica comercial, involucrando investigación, creación de conocimiento y desarrollo territorial, lo que justifica la existencia de un marco regulatorio con finalidades públicas.
Respecto a la fijación de aranceles, el Consejo argumentó que la autoridad no actúa de forma arbitraria, sino que ejecuta un mandato expreso de la Ley N° 21.091. El informe detalla que el legislador definió variables objetivas para estos cobros, como la complejidad institucional y la ubicación regional, descartando así cualquier acusación de arbitrariedad. Asimismo, se recordó que la adscripción al régimen de Gratuidad es un proceso voluntario para cada institución.
En cuanto al Aporte Fiscal Directo (AFD), el CRUCH precisó que se trata de un instrumento histórico vigente desde los años 80, cuya asignación es pública y está regulada por la Ley de Presupuestos. Este fondo busca financiar funciones estructurales y no tiene un efecto de exclusión, ya que el crecimiento sostenido de las universidades privadas fuera del CRUCH, durante la vigencia del instrumento, demuestra que no existen barreras de entrada.
Finalmente, el CRUCH reafirmó su disposición a seguir aportando antecedentes que otorguen certeza institucional y resguarden el interés público comprometido en la formación de las y los estudiantes del país.
Texto: Comunicaciones CRUCH.
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